En México, miles de familias de personas desaparecidas han recorrido por años un arduo camino para saber el paradero y la suerte que han corrido sus seres queridos. Eso ha conllevado un trabajo con las instituciones del Estado encaminado a fortalecer sus capacidades de res puesta a las necesidades humanitarias generadas por la desaparición de personas. Uno de los frutos de estos esfuerzos es que el país cuente hoy con una Ley en la materia.
Sin duda, la reciente entrada en vigor de la “Ley General en mate ria de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas” repre senta un paso alentador para prevenir y atender las consecuencias de la desaparición así como para responder a las necesidades de las fami lias, incluyendo su derecho a saber.
La elaboración de la ley se dio a través de un trabajo constructivo de colaboración entre integrantes del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, Secretaría de Gobernación, Procuraduría General de la República, personas expertas en la materia, sociedad civil, organizaciones internacionales y, muy especialmente, colectivos de familias de personas desaparecidas. Confío que esta experiencia de participación plural será útil para delinear los siguientes pasos que permitan consolidar su implementación, pues existe un largo camino por delante que será elemental recorrer junto con las familias de las personas desaparecidas.
La ley en cuestión es un ordenamiento de gran complejidad, debido a sus contenidos sobre diversos temas relacionados con la búsqueda de las personas desaparecidas —incluyendo personas migrantes desaparecidas—, la investigación de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, y los derechos
de las familias. Contempla también la figura de declaración especial de ausencia por desaparición, entre otros temas.
Adicionalmente, la Ley genera un cambio profundo en la estructura y la visión de la búsqueda de personas desaparecidas en el país, gracias a la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, compuesto por diversas autoridades federales y estatales, y de una Comisión Nacional de Búsqueda como Secretaría Ejecutiva de este Sistema.
Asimismo, el planteamiento de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas que contemple mayor calidad de información que el registro que existía previamente representa un cambio estructural positivo. Lo anterior cobra mayor relevancia considerando que, además, se ha creado un Registro Nacional de Personas Fallecidas sin Identificar, que permitirá contar con toda la información necesaria para lograr la identificación forense de una persona fallecida y lograr así que sus res tos puedan ser restituidos a su familia.
Esta ley espera construir mejores respuestas estructurales y procesales para la búsqueda y la investigación. No obstante, es claro que la entrada en vigor difícilmente refleja de manera automática los cambios esperados, pues los trabajos de implementación de ésta resultan esenciales para la verdadera efectividad de la ley.
En consecuencia, se debe trabajar de manera conjunta en los protocolos homologados de búsqueda e investigación, pues éstos asentarán los procesos necesarios entre las diversas autoridades relaciona das con la búsqueda —que incluye también la identificación forense—. Asimismo, se debe trabajar en el reglamento de la ley, pues éste fortalecerá los flujos de información entre las autoridades competentes. Por último, debo mencionar también el reto que suponen los procesos de implementación en las entidades federativas.
Por lo anterior, resulta relevante que todas las personas interesadas —familiares de personas desaparecidas, las autoridades involucradas y la sociedad civil en general—, conozcan los aspectos básicos de la ley, para que ésta pueda ser utilizada como la herramienta útil que pretende ser. De esta forma nos resultará más fácil enfocar y dirigir los esfuerzos destinados a la elaboración de respuestas.
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